Los presos de ETA: termómetro del conflicto vasco.
El acercamiento y reagrupamiento de los presos de ETA en las prisiones del País Vasco y Navarra, son dos de las reivindicaciones históricas del autodenominado MLNV y su principal palanca movilizadora. Por otra parte, persiste la política de dispersión de los presos de ETA desplegada por el Gobierno socialista y mantenida, actualmente, por el Partido Popular. Aquí veremos algunos aspectos relativos a la situación real de los presos de ETA y su papel en el llamado “conflicto” vasco.
Introducción.
El intento de fuga protagonizado, recientemente, por el miembro de ETA Igor Solana en la prisión alavesa de Nanclares de Oca, ha situado en primera plana de la actualidad informativa algunas circunstancias de la situación de los presos de esa banda terrorista en las prisiones españolas.
Por otra parte, también se sacó a relucir el tema con ocasión de una declaraciones realizadas, el pasado día 27 de enero, por el ex magistrado del Tribunal Supremo y consejero de Estado José Luis Manzanares quien manifestó en el programa “el primer café” de Antena 3 que: “la represión judicial contra el terrorismo no es seria en España”. Cuestionó, igualmente, la aplicación real de la libertad condicional y la concesión del tercer grado penitenciario a los presos de ETA, realidad que afecta tanto a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria como a la propia Administración.
No es un tema desconocido o poco tratado por los medios de comunicación españoles. Ya el pasado 27 de noviembre de 2000, el diario madrileño “La Razón” dedicó al tema dos páginas exclusivas, con motivo de que los fiscales de Madrid denunciaron que los presos de ETA gozaban, a su juicio, de privilegios e impunidad en las cárceles. Refiriéndose a la situación de las prisiones madrileñas, los fiscales consideraban adecuada la propuesta de creación de un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional, especializado en los asuntos concernientes a los presos pertenecientes a bandas armadas. Ello podría conseguir una unificación del criterio judicial aplicable en asuntos como la obtención de redenciones extraordinarias pese haber incurrido en múltiples procedimientos disciplinarios (que por no haberles notificado se admite, lo que implica un sustancial acortamiento de su tiempo real de condena), los aspectos relacionados con la celebración de comunicaciones (“vis a vis” y llamadas telefónicas), etc. En dicho artículo se afirmaba, por último, que el colectivo de funcionarios de prisiones se encontraba desmoralizado.
Ahondando en estos temas, el número 86, correspondiente a enero de 2001, de la revista del sindicato mayoritario de los funcionarios de prisiones españolas, ACAIP (Agrupación Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias), ha puesto sobre la mesa su propia versión acerca de esta problemática.
En un artículo publicado en sus páginas 27 a 29 se denuncia la situación de inoperancia de los directivos de muchos Centros Penitenciarios, lo que ha permitido que los presos de ETA disfruten de un régimen de vida que se sale en muchos aspectos de lo reglamentario.
El artículo concreta varios de esos presuntos desajustes: un etarra por celda en contraste con la mayoría de los internos que generalmente la comparten con otro recluso, internos clasificados en artículo 10 o primer grado (régimen de aislamiento) cumpliéndolo en módulos de vida ordinaria sin apenas limitaciones horarias ni otro tipo de restricciones, línea directa con los directores o subdirectores en la resolución de “sus cosas”, la falta de apoyo que sufren estos funcionarios por parte de su Dirección General de Prisiones ante las denuncias de torturas y, por último, la poca participación de personal penitenciario especializado en la elaboración de los informes que ilustran –previamente- muchas de las comprensivas decisiones de los Jueces ante las pretensiones de los presos de ETA.
Podemos, por ello, preguntarnos si existe un trato privilegiado a este tipo de presos o, por el contrario, esta situación, extraña y ajena para la mayoría de los ciudadanos, es fruto de un contexto en el que confluyen circunstancias excepcionales.
De entrada, podemos afirmar que se trata, sin duda, de una situación compleja desbordada por varios factores: la concreta práctica judicial (no existe unanimidad en muchas de las decisiones adoptadas por las diversas instancias judiciales), la multiforme realidad penitenciaria en la que “cada prisión es un mundo” y, por último, la acción y presión del entorno de apoyo a los presos de ETA.
Los reclusos pertenecientes a la banda ETA (cuyo número, en las prisiones españolas, alcanza aproximadamente el de 450) son objeto de una atención extraordinaria desde el conjunto de organizaciones del llamado MLNV.
Siempre ha sido así, pero esa atención prioritaria, especialmente, se evidenció a partir de la puesta en marcha de la política de “dispersión” de estos presos por parte del Gobierno socialista, cuya finalidad era intentar controlar el llamado “frente carcelario” de ETA, romper la unidad de sus integrantes y favorecer la “reinserción” individual de algunos de sus antiguos integrantes. Un ataque tan directo contra la línea de flotación de ETA no podía quedar sin respuesta. Por ello, poco a poco, de forma muy trabajosa y con una constancia admirable, las organizaciones del autodenominado MLNV diseñaron una estrategia de respuesta a largo plazo, que podría resumirse en varias consignas: apoyo incondicional a los presos, empleo de TODOS los medios al alcance, movilización permanente, presión.
Sin entrar de lleno en un análisis de esta política antiterrorista, se puede concluir que la misma, en buena medida, se encuentra hoy día agotada: la unidad de los integrantes del autodenominado “colectivo de presos políticos vascos” es evidente y apenas se han producido abandonos de la organización en los últimos años. Y para que se pueda hacer esta valoración, es preciso conocer la situación real de los presos de ETA y las labores de apoyo (también puede entenderse que se trata de una evidente “presión” cuyo objetivo último es mantener la disciplina de los “militantes” encarcelados e impedir deserciones) que se viene realizando a lo largo de todos estos años.
Los presos de ETA disfrutan, en primer lugar, de un importante apoyo por parte de sus abogados, que les permite “exprimir” la normativa penitenciaria. Varios despachos de abogados están entregados, en cuerpo y alma, con empleo de abundantes medios, a la causa de sus presos: Ione Gorizelaia en Bilbao, Iñigo Iruin en San Sebastián, Txemi Gorostiza en Pamplona, etc. Otros abogados, ya en un segundo plano, pertenecientes a turnos de oficio penitenciarios así como a algunas asociaciones de apoyos a presos (Salhaketa), también hacen sentir los efectos de su persistente labor jurídica, entre los muros de las prisiones y los despachos de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Audiencias Provinciales, con notable eficacia. Así, realizan un seguimiento exhaustivo de la génesis, elaboración, y contenidos de cada una de las resoluciones judiciales que, en las distintas instancias, se emiten, mediante una presencia personal y una sutil presión sobre los funcionarios judiciales y los propios jueces (en ocasiones, no tan sutil). Ese constante trabajo les permite extraer todas las consecuencias beneficiosas de la normativa penitenciaria, sirviéndose de las contradicciones materiales y de las lagunas reglamentarias; lo que no siempre es posible para el resto de los internos, al carecer éstos de unos apoyos humanos tan entregados como especializados.
Por otra parte, existen, en muchas prisiones, cauces “informales” de comunicación entre representantes del “colectivo de presos políticos vascos”, tal como ellos mismos se denominan, y la dirección de algunos centros penitenciarios. El director, un subdirector, un educador que goce de crédito; será la persona, que por parte del equipo directivo de una prisión, periódicamente hablarán con representantes del “colectivo” sobre asuntos de interés común, para buscar un “status quo” que haga más llevadera la vida cotidiana. Esa es una realidad que genera frutos: un preso de ETA por celda, llamadas telefónicas extraordinarias, comunicaciones extraordinarias adicionales, coladas con jabón y suavizantes para los miembros de la banda en la propia lavandería del centro, adquisiciones de comida del exterior, espacios propios de convivencia bajo fórmula de talleres ocupacionales, etc. Y en la configuración de ese régimen de vida real también influyen, de forma notable, las resoluciones emitidas, vía queja, por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y las Audiencias Provinciales, autorizándoles, por ejemplo, la tenencia de ordenador personal en su celda, comunicaciones de convivencia (en sala sin rejas ni cristales) con la pareja habitual aunque no tengan hijos en común, traslados a otros centros para que mantengan relaciones con sus parejas también encarceladas, comunicaciones orales con expresos de ETA, permisos extraordinarios por diversas causas, etc.
Así, con la intervención de esos “actores”, la realidad desborda las previsiones reglamentarias, lo que en ocasiones lleva a desnaturalizar, en alguna medida, el régimen restrictivo de vida en el que muchos de estos presos debiera desenvolverse.
Otro aspecto a considerar, que proporciona otra perspectiva importante sobre la situación real de estos presos, es el de las movilizaciones que realizan los mismos en el interior de los diversos centros penitenciarios. La casuística es muy variada. En cada centro se mantiene una estrategia distinta, en función de su realidad material, del cansancio de los miembros de ETA, del espacio “ganado” y del seguimiento real de las consignas recibidas: huelgas de hambre, ayunos, colocación de carteles y banderas, denuncias, resistencia pasiva a determinadas órdenes, negativas a entrar en celda o a abandonar un local concreto, etc. Con la práctica de ese “tira y afloja”, en cada centro penitenciario cuaja un modelo particular de convivencia en el que confluye el estilo directivo de sus mandos, el voluntarismo de los presos de ETA, el apoyo exterior a los mismos, la acción de los abogados y las resoluciones judiciales, y los traslados de los propios presos a otros centros penitenciarios.
Hemos mencionado el apoyo prestado por abogados vinculados al entorno del autodenominado MLNV a estos presos de ETA.
Veamos otros aspectos.
Cada fin de semana, varios miles de personas se ponen en marcha desde el País Vasco en dirección a muchas prisiones españolas, en autobuses y furgonetas, con el objetivo de visitar a sus familiares y amigos encarcelados. Esos viajes constituyen, sin duda, ocasión de adoctrinamiento, cohesión y movilización de esos miles de familiares afectados por la separación física de sus hijos, padres, hermanos, tíos, etc.
No en vano, desde hace muchos años, Gestoras Pro-Amnistía y posteriormente Senideak, han buscado la cohesión y agrupación de los parientes y amigos del casi medio millar de presos de la banda (si sumamos a los encarcelados en España los que permanecen en prisiones francesas). El balance que debe hacerse respecto al seguimiento que realizan de las consignas a ellos destinadas, es el de muy alto. Por ello, la labor de estos familiares y amigos de los presos de ETA es un factor fundamental para el mantenimiento de su moral y la fijeza de sus posturas. Expresión simbólica de su importancia es el lugar preferente que ocupan en las numerosas manifestaciones organizadas en apoyo a los presos: en la cabecera de las mismas portando la pancarta de la convocatoria junto a destacados líderes de Herri Batasuna y desfilando, a continuación, varias hileras de familiares con fotografías (tamaño cartel) de los presos.
Otro aspecto muy concreto, que ilustra su situación real, es el apoyo económico que les presta el entorno de ETA, lo que se traduce en la subvención de esos numerosos viajes de los familiares y el dinero que a través de ellos hacen llegar a los mismos presos (entre 20.000 y 40.000 pesetas, según el estado de las finanzas de la banda). Ello permite a los presos de ETA una mejora en sus condiciones materiales de vida que se concreta en la adquisición de libros, aparatos musicales, ordenadores, comidas extraordinarias (langostinos para cumpleaños y otras celebraciones festivas, comida macrobiótica, complementos alimenticios), ropa, incienso, material deportivo, etc.
Las mujeres también han retomado la tradicional lucha e implicación femenina en el mundo nacionalista, adaptada, eso sí a los tiempos modernos. La “amatxo” (mamá) ha sido figura fundamental en la transmisión de la mentalidad nacionalista en el hogar vasco. Herederas de un discutible matriarcado vasco que gestionaba el caserío y el ámbito doméstico y familiar, han tomado el relevo las jóvenes radicales. Todos los fines de semana cientos de mujeres, esposas, hermanas o simplemente amigas, recorren las carreteras y autopistas para dar apoyo afectivo y político a sus presos. No han sido pocas las parejas que se han establecido en las cárceles: primero a través de los barrotes de los locutorios, después a través de los encuentros “vis-vis”. Finalmente, estabilizando su relación. Todo ello, generalmente, en el marco del modelo de pareja que se extiende en la sociedad actual: uniones de hecho, con o sin hijos, emancipadas de los valores opresivos de la Iglesia, liberados del modelo patriarcal y machista. El papel de estas mujeres, para el mantenimiento de la moral de combate de los presos, ha sido determinante.
A nivel local, periódicamente, se organizan plataformas de apoyo a presos concretos, cuyas bases de partida son las organizaciones abertzales radicales de la localidad o barrio donde residía hasta su detención. Procuran arrastrar a otros colectivos: parroquias, asociaciones de vecinos, grupos de danzas y deportivos, partidos políticos nacionalistas con presencia en ese municipio o barrio, sindicatos nacionalistas, grupos ecologistas, etc. Realizan, entonces, movilizaciones de todo tipo: visitas a los presos, manifestaciones, recogidas de fondos, presentación de mociones en los ayuntamientos, etc. Y con esas movilizaciones locales extienden su influencia, a la vez que ejercitan una fiscalización de la vida social en el ámbito territorial de que se trate.
El numeroso correo remitido por personas y colectivos del entorno, las publicaciones y libros de todo tipo que reciben constantemente, las visitas de profesores de la Universidad del País Vasco, la asistencia de abogados, incluso de médicos y ópticos afines; todo ello conforma un tejido social extraordinario de apoyo incondicional a los presos de ETA, que bien pueden sentirse ”sacrificados protagonistas de la lucha por la liberación nacional” y “lo mejor de Euskadi”.
Los presos han jugado, tradicionalmente, un papel fundamental en la organización: tanto en la toma de muchas decisiones, como en la determinación de las tácticas concretas de atención a los mismos.
Es significativo que su situación siempre haya sido objeto de una atención preferente en la determinación de los objetivos y prioridades de la organización terrorista, lo que se refleja en sus documentos de debate y difusión interna, comunicados públicos, etc.
También tiene su importancia simbólica y organizativa, lo que se concreta, por ejemplo, en la inclusión en puestos de salida de presos de ETA en espera de juicio en las listas de candidatos de Herri Barasuna en las diferentes convocatorias electorales.
No en vano, durante la llamada “tregua”, los interlocutores que hizo públicos ETA eran tres miembros encarcelados muy significativos de la banda, lo que proporcionó algunas pistas acerca de la voluntad real de diálogo de la organización en esa coyuntura.
Sin embargo, se viene observando, por parte de expertos analistas del mundo de ETA, que a partir del recrudecimiento de la actual ofensiva terrorista, los presos han perdido espacio en la toma de decisiones del conjunto de la organización, lo que se ha reflejado en una menor atención en los escasos comunicados emitidos por la banda en estos meses.
Seguramente, ello sea consecuencia del movimiento interno del entorno de ETA, que parece indicar una redistribución de fuerzas, consecuencia de la nueva fase táctica que vive el autodenominado MLNV y que parece concretarse en la progresiva asunción de responsabilidades por parte de los “cachorros” del movimiento: los jóvenes de Haika (levantarse). Ello manifiesta una clara radicalización del conjunto del MLNV, acreditada con la abultada victoria de la ponencia “bateginez” en el proceso de debate interno “batasuna”. Por el contrario, la corriente minoritaria Aralar, crítica con la “lucha armada”, no ha llegado al 10% de apoyos. En ese sentido, las actuaciones policiales desarrolladas contra ETA, en este último año, han permitido confirmar, sin lugar a dudas, la integración en la banda de numerosos miembros de Haika, su incorporación al aparato leninista de control del movimiento en que ha devenido el partido político ilegal EKIN y, por último, el desplazamiento por estos jóvenes cachorros de algunos militantes históricos (moderados o quemados). Todo ello ratifica la radicalización de la que hablábamos.
Este artículo pretende resaltar, en primer lugar, una compleja realidad que sufren, en primer lugar, los mismos funcionarios judiciales y de prisiones, atenazados entre las decisiones desconcertantes de sus responsables y la presión del terrorismo de ETA.
En todo ámbito social, ante todo, es necesaria una coherencia de las normas escritas con las no escritas. En el medio penitenciario la reglamentación es muy detallista; pero las normas no escritas también son fundamentales. Esas aparentes contradicciones, materiales y fácticas, son campo abonado para las reivindicaciones judiciales de los abogados de los presos de ETA, ganadas muchas de ellas por falta de apoyo de los servicios centrales de Prisiones a sus equipos directivos. Se precisa, por tanto, una asignación de los medios personales y materiales precisos para cubrir las necesidades judiciales abiertas en los concretos centros penitenciarios.
Para ETA, la actual situación se define por una expresión terrible: ¡estamos en guerra!. Y en una guerra, aseguran ellos mismos, el empleo de cualquier tipo de medios está justificado. No se trata, evidentemente, de responder con los mismos medios desde el Estado de Derecho, pero en lo que respecta a las “confrontaciones judiciales” y otros frentes abiertos por el terrorismo, hay que implicarse con todos los medios posibles y lícitos, si realmente se tiene voluntad de lucha y de victoria por parte del Estado democrático.
Otro aspecto que puede estudiarse es el de algunas reformas legales, en lo que respecta al acceso de estos presos al tercer grado, la libertad condicional y a las redenciones de penas por el trabajo, en su caso. Además, esa deseable reforma legal podría extenderse a otros ámbitos, al objeto de evitar que muchas prisiones españolas sean un “coladero” que permite la fácil y rápida comunicación de los presos de ETA con los “correos” de su organización que, sin duda, figuran entre las numerosas personas que, con uno u otro, motivo les visitan.
Podemos concluir que el actual sistema judicial y penitenciario tiene, por los motivos analizados en este artículo, importantes quiebras que restan eficacia a los objetivos marcados por la política antiterrorista de los gobiernos democráticos. Tales deficiencias deberán subsanarse, en un elemental ejercicio de coherencia, si existe voluntad de victoria.
Introducción.
El intento de fuga protagonizado, recientemente, por el miembro de ETA Igor Solana en la prisión alavesa de Nanclares de Oca, ha situado en primera plana de la actualidad informativa algunas circunstancias de la situación de los presos de esa banda terrorista en las prisiones españolas.
Por otra parte, también se sacó a relucir el tema con ocasión de una declaraciones realizadas, el pasado día 27 de enero, por el ex magistrado del Tribunal Supremo y consejero de Estado José Luis Manzanares quien manifestó en el programa “el primer café” de Antena 3 que: “la represión judicial contra el terrorismo no es seria en España”. Cuestionó, igualmente, la aplicación real de la libertad condicional y la concesión del tercer grado penitenciario a los presos de ETA, realidad que afecta tanto a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria como a la propia Administración.
No es un tema desconocido o poco tratado por los medios de comunicación españoles. Ya el pasado 27 de noviembre de 2000, el diario madrileño “La Razón” dedicó al tema dos páginas exclusivas, con motivo de que los fiscales de Madrid denunciaron que los presos de ETA gozaban, a su juicio, de privilegios e impunidad en las cárceles. Refiriéndose a la situación de las prisiones madrileñas, los fiscales consideraban adecuada la propuesta de creación de un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional, especializado en los asuntos concernientes a los presos pertenecientes a bandas armadas. Ello podría conseguir una unificación del criterio judicial aplicable en asuntos como la obtención de redenciones extraordinarias pese haber incurrido en múltiples procedimientos disciplinarios (que por no haberles notificado se admite, lo que implica un sustancial acortamiento de su tiempo real de condena), los aspectos relacionados con la celebración de comunicaciones (“vis a vis” y llamadas telefónicas), etc. En dicho artículo se afirmaba, por último, que el colectivo de funcionarios de prisiones se encontraba desmoralizado.
La denuncia de un sindicato de funcionarios de prisiones.
Ahondando en estos temas, el número 86, correspondiente a enero de 2001, de la revista del sindicato mayoritario de los funcionarios de prisiones españolas, ACAIP (Agrupación Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias), ha puesto sobre la mesa su propia versión acerca de esta problemática.
En un artículo publicado en sus páginas 27 a 29 se denuncia la situación de inoperancia de los directivos de muchos Centros Penitenciarios, lo que ha permitido que los presos de ETA disfruten de un régimen de vida que se sale en muchos aspectos de lo reglamentario.
El artículo concreta varios de esos presuntos desajustes: un etarra por celda en contraste con la mayoría de los internos que generalmente la comparten con otro recluso, internos clasificados en artículo 10 o primer grado (régimen de aislamiento) cumpliéndolo en módulos de vida ordinaria sin apenas limitaciones horarias ni otro tipo de restricciones, línea directa con los directores o subdirectores en la resolución de “sus cosas”, la falta de apoyo que sufren estos funcionarios por parte de su Dirección General de Prisiones ante las denuncias de torturas y, por último, la poca participación de personal penitenciario especializado en la elaboración de los informes que ilustran –previamente- muchas de las comprensivas decisiones de los Jueces ante las pretensiones de los presos de ETA.
Podemos, por ello, preguntarnos si existe un trato privilegiado a este tipo de presos o, por el contrario, esta situación, extraña y ajena para la mayoría de los ciudadanos, es fruto de un contexto en el que confluyen circunstancias excepcionales.
De entrada, podemos afirmar que se trata, sin duda, de una situación compleja desbordada por varios factores: la concreta práctica judicial (no existe unanimidad en muchas de las decisiones adoptadas por las diversas instancias judiciales), la multiforme realidad penitenciaria en la que “cada prisión es un mundo” y, por último, la acción y presión del entorno de apoyo a los presos de ETA.
La política de “dispersión” de los presos de ETA.
Los reclusos pertenecientes a la banda ETA (cuyo número, en las prisiones españolas, alcanza aproximadamente el de 450) son objeto de una atención extraordinaria desde el conjunto de organizaciones del llamado MLNV.
Siempre ha sido así, pero esa atención prioritaria, especialmente, se evidenció a partir de la puesta en marcha de la política de “dispersión” de estos presos por parte del Gobierno socialista, cuya finalidad era intentar controlar el llamado “frente carcelario” de ETA, romper la unidad de sus integrantes y favorecer la “reinserción” individual de algunos de sus antiguos integrantes. Un ataque tan directo contra la línea de flotación de ETA no podía quedar sin respuesta. Por ello, poco a poco, de forma muy trabajosa y con una constancia admirable, las organizaciones del autodenominado MLNV diseñaron una estrategia de respuesta a largo plazo, que podría resumirse en varias consignas: apoyo incondicional a los presos, empleo de TODOS los medios al alcance, movilización permanente, presión.
Sin entrar de lleno en un análisis de esta política antiterrorista, se puede concluir que la misma, en buena medida, se encuentra hoy día agotada: la unidad de los integrantes del autodenominado “colectivo de presos políticos vascos” es evidente y apenas se han producido abandonos de la organización en los últimos años. Y para que se pueda hacer esta valoración, es preciso conocer la situación real de los presos de ETA y las labores de apoyo (también puede entenderse que se trata de una evidente “presión” cuyo objetivo último es mantener la disciplina de los “militantes” encarcelados e impedir deserciones) que se viene realizando a lo largo de todos estos años.
La situación real de los presos de ETA.
Los presos de ETA disfrutan, en primer lugar, de un importante apoyo por parte de sus abogados, que les permite “exprimir” la normativa penitenciaria. Varios despachos de abogados están entregados, en cuerpo y alma, con empleo de abundantes medios, a la causa de sus presos: Ione Gorizelaia en Bilbao, Iñigo Iruin en San Sebastián, Txemi Gorostiza en Pamplona, etc. Otros abogados, ya en un segundo plano, pertenecientes a turnos de oficio penitenciarios así como a algunas asociaciones de apoyos a presos (Salhaketa), también hacen sentir los efectos de su persistente labor jurídica, entre los muros de las prisiones y los despachos de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Audiencias Provinciales, con notable eficacia. Así, realizan un seguimiento exhaustivo de la génesis, elaboración, y contenidos de cada una de las resoluciones judiciales que, en las distintas instancias, se emiten, mediante una presencia personal y una sutil presión sobre los funcionarios judiciales y los propios jueces (en ocasiones, no tan sutil). Ese constante trabajo les permite extraer todas las consecuencias beneficiosas de la normativa penitenciaria, sirviéndose de las contradicciones materiales y de las lagunas reglamentarias; lo que no siempre es posible para el resto de los internos, al carecer éstos de unos apoyos humanos tan entregados como especializados.
Por otra parte, existen, en muchas prisiones, cauces “informales” de comunicación entre representantes del “colectivo de presos políticos vascos”, tal como ellos mismos se denominan, y la dirección de algunos centros penitenciarios. El director, un subdirector, un educador que goce de crédito; será la persona, que por parte del equipo directivo de una prisión, periódicamente hablarán con representantes del “colectivo” sobre asuntos de interés común, para buscar un “status quo” que haga más llevadera la vida cotidiana. Esa es una realidad que genera frutos: un preso de ETA por celda, llamadas telefónicas extraordinarias, comunicaciones extraordinarias adicionales, coladas con jabón y suavizantes para los miembros de la banda en la propia lavandería del centro, adquisiciones de comida del exterior, espacios propios de convivencia bajo fórmula de talleres ocupacionales, etc. Y en la configuración de ese régimen de vida real también influyen, de forma notable, las resoluciones emitidas, vía queja, por los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y las Audiencias Provinciales, autorizándoles, por ejemplo, la tenencia de ordenador personal en su celda, comunicaciones de convivencia (en sala sin rejas ni cristales) con la pareja habitual aunque no tengan hijos en común, traslados a otros centros para que mantengan relaciones con sus parejas también encarceladas, comunicaciones orales con expresos de ETA, permisos extraordinarios por diversas causas, etc.
Así, con la intervención de esos “actores”, la realidad desborda las previsiones reglamentarias, lo que en ocasiones lleva a desnaturalizar, en alguna medida, el régimen restrictivo de vida en el que muchos de estos presos debiera desenvolverse.
Otro aspecto a considerar, que proporciona otra perspectiva importante sobre la situación real de estos presos, es el de las movilizaciones que realizan los mismos en el interior de los diversos centros penitenciarios. La casuística es muy variada. En cada centro se mantiene una estrategia distinta, en función de su realidad material, del cansancio de los miembros de ETA, del espacio “ganado” y del seguimiento real de las consignas recibidas: huelgas de hambre, ayunos, colocación de carteles y banderas, denuncias, resistencia pasiva a determinadas órdenes, negativas a entrar en celda o a abandonar un local concreto, etc. Con la práctica de ese “tira y afloja”, en cada centro penitenciario cuaja un modelo particular de convivencia en el que confluye el estilo directivo de sus mandos, el voluntarismo de los presos de ETA, el apoyo exterior a los mismos, la acción de los abogados y las resoluciones judiciales, y los traslados de los propios presos a otros centros penitenciarios.
El entorno de apoyo a los presos de ETA.
Hemos mencionado el apoyo prestado por abogados vinculados al entorno del autodenominado MLNV a estos presos de ETA.
Veamos otros aspectos.
Cada fin de semana, varios miles de personas se ponen en marcha desde el País Vasco en dirección a muchas prisiones españolas, en autobuses y furgonetas, con el objetivo de visitar a sus familiares y amigos encarcelados. Esos viajes constituyen, sin duda, ocasión de adoctrinamiento, cohesión y movilización de esos miles de familiares afectados por la separación física de sus hijos, padres, hermanos, tíos, etc.
No en vano, desde hace muchos años, Gestoras Pro-Amnistía y posteriormente Senideak, han buscado la cohesión y agrupación de los parientes y amigos del casi medio millar de presos de la banda (si sumamos a los encarcelados en España los que permanecen en prisiones francesas). El balance que debe hacerse respecto al seguimiento que realizan de las consignas a ellos destinadas, es el de muy alto. Por ello, la labor de estos familiares y amigos de los presos de ETA es un factor fundamental para el mantenimiento de su moral y la fijeza de sus posturas. Expresión simbólica de su importancia es el lugar preferente que ocupan en las numerosas manifestaciones organizadas en apoyo a los presos: en la cabecera de las mismas portando la pancarta de la convocatoria junto a destacados líderes de Herri Batasuna y desfilando, a continuación, varias hileras de familiares con fotografías (tamaño cartel) de los presos.
Otro aspecto muy concreto, que ilustra su situación real, es el apoyo económico que les presta el entorno de ETA, lo que se traduce en la subvención de esos numerosos viajes de los familiares y el dinero que a través de ellos hacen llegar a los mismos presos (entre 20.000 y 40.000 pesetas, según el estado de las finanzas de la banda). Ello permite a los presos de ETA una mejora en sus condiciones materiales de vida que se concreta en la adquisición de libros, aparatos musicales, ordenadores, comidas extraordinarias (langostinos para cumpleaños y otras celebraciones festivas, comida macrobiótica, complementos alimenticios), ropa, incienso, material deportivo, etc.
Las mujeres también han retomado la tradicional lucha e implicación femenina en el mundo nacionalista, adaptada, eso sí a los tiempos modernos. La “amatxo” (mamá) ha sido figura fundamental en la transmisión de la mentalidad nacionalista en el hogar vasco. Herederas de un discutible matriarcado vasco que gestionaba el caserío y el ámbito doméstico y familiar, han tomado el relevo las jóvenes radicales. Todos los fines de semana cientos de mujeres, esposas, hermanas o simplemente amigas, recorren las carreteras y autopistas para dar apoyo afectivo y político a sus presos. No han sido pocas las parejas que se han establecido en las cárceles: primero a través de los barrotes de los locutorios, después a través de los encuentros “vis-vis”. Finalmente, estabilizando su relación. Todo ello, generalmente, en el marco del modelo de pareja que se extiende en la sociedad actual: uniones de hecho, con o sin hijos, emancipadas de los valores opresivos de la Iglesia, liberados del modelo patriarcal y machista. El papel de estas mujeres, para el mantenimiento de la moral de combate de los presos, ha sido determinante.
A nivel local, periódicamente, se organizan plataformas de apoyo a presos concretos, cuyas bases de partida son las organizaciones abertzales radicales de la localidad o barrio donde residía hasta su detención. Procuran arrastrar a otros colectivos: parroquias, asociaciones de vecinos, grupos de danzas y deportivos, partidos políticos nacionalistas con presencia en ese municipio o barrio, sindicatos nacionalistas, grupos ecologistas, etc. Realizan, entonces, movilizaciones de todo tipo: visitas a los presos, manifestaciones, recogidas de fondos, presentación de mociones en los ayuntamientos, etc. Y con esas movilizaciones locales extienden su influencia, a la vez que ejercitan una fiscalización de la vida social en el ámbito territorial de que se trate.
El numeroso correo remitido por personas y colectivos del entorno, las publicaciones y libros de todo tipo que reciben constantemente, las visitas de profesores de la Universidad del País Vasco, la asistencia de abogados, incluso de médicos y ópticos afines; todo ello conforma un tejido social extraordinario de apoyo incondicional a los presos de ETA, que bien pueden sentirse ”sacrificados protagonistas de la lucha por la liberación nacional” y “lo mejor de Euskadi”.
El papel de los presos en ETA.
Los presos han jugado, tradicionalmente, un papel fundamental en la organización: tanto en la toma de muchas decisiones, como en la determinación de las tácticas concretas de atención a los mismos.
Es significativo que su situación siempre haya sido objeto de una atención preferente en la determinación de los objetivos y prioridades de la organización terrorista, lo que se refleja en sus documentos de debate y difusión interna, comunicados públicos, etc.
También tiene su importancia simbólica y organizativa, lo que se concreta, por ejemplo, en la inclusión en puestos de salida de presos de ETA en espera de juicio en las listas de candidatos de Herri Barasuna en las diferentes convocatorias electorales.
No en vano, durante la llamada “tregua”, los interlocutores que hizo públicos ETA eran tres miembros encarcelados muy significativos de la banda, lo que proporcionó algunas pistas acerca de la voluntad real de diálogo de la organización en esa coyuntura.
Sin embargo, se viene observando, por parte de expertos analistas del mundo de ETA, que a partir del recrudecimiento de la actual ofensiva terrorista, los presos han perdido espacio en la toma de decisiones del conjunto de la organización, lo que se ha reflejado en una menor atención en los escasos comunicados emitidos por la banda en estos meses.
Seguramente, ello sea consecuencia del movimiento interno del entorno de ETA, que parece indicar una redistribución de fuerzas, consecuencia de la nueva fase táctica que vive el autodenominado MLNV y que parece concretarse en la progresiva asunción de responsabilidades por parte de los “cachorros” del movimiento: los jóvenes de Haika (levantarse). Ello manifiesta una clara radicalización del conjunto del MLNV, acreditada con la abultada victoria de la ponencia “bateginez” en el proceso de debate interno “batasuna”. Por el contrario, la corriente minoritaria Aralar, crítica con la “lucha armada”, no ha llegado al 10% de apoyos. En ese sentido, las actuaciones policiales desarrolladas contra ETA, en este último año, han permitido confirmar, sin lugar a dudas, la integración en la banda de numerosos miembros de Haika, su incorporación al aparato leninista de control del movimiento en que ha devenido el partido político ilegal EKIN y, por último, el desplazamiento por estos jóvenes cachorros de algunos militantes históricos (moderados o quemados). Todo ello ratifica la radicalización de la que hablábamos.
Algunas reflexiones.
Este artículo pretende resaltar, en primer lugar, una compleja realidad que sufren, en primer lugar, los mismos funcionarios judiciales y de prisiones, atenazados entre las decisiones desconcertantes de sus responsables y la presión del terrorismo de ETA.
En todo ámbito social, ante todo, es necesaria una coherencia de las normas escritas con las no escritas. En el medio penitenciario la reglamentación es muy detallista; pero las normas no escritas también son fundamentales. Esas aparentes contradicciones, materiales y fácticas, son campo abonado para las reivindicaciones judiciales de los abogados de los presos de ETA, ganadas muchas de ellas por falta de apoyo de los servicios centrales de Prisiones a sus equipos directivos. Se precisa, por tanto, una asignación de los medios personales y materiales precisos para cubrir las necesidades judiciales abiertas en los concretos centros penitenciarios.
Para ETA, la actual situación se define por una expresión terrible: ¡estamos en guerra!. Y en una guerra, aseguran ellos mismos, el empleo de cualquier tipo de medios está justificado. No se trata, evidentemente, de responder con los mismos medios desde el Estado de Derecho, pero en lo que respecta a las “confrontaciones judiciales” y otros frentes abiertos por el terrorismo, hay que implicarse con todos los medios posibles y lícitos, si realmente se tiene voluntad de lucha y de victoria por parte del Estado democrático.
Otro aspecto que puede estudiarse es el de algunas reformas legales, en lo que respecta al acceso de estos presos al tercer grado, la libertad condicional y a las redenciones de penas por el trabajo, en su caso. Además, esa deseable reforma legal podría extenderse a otros ámbitos, al objeto de evitar que muchas prisiones españolas sean un “coladero” que permite la fácil y rápida comunicación de los presos de ETA con los “correos” de su organización que, sin duda, figuran entre las numerosas personas que, con uno u otro, motivo les visitan.
Podemos concluir que el actual sistema judicial y penitenciario tiene, por los motivos analizados en este artículo, importantes quiebras que restan eficacia a los objetivos marcados por la política antiterrorista de los gobiernos democráticos. Tales deficiencias deberán subsanarse, en un elemental ejercicio de coherencia, si existe voluntad de victoria.
Arbil, anotaciones de pensamiento y crítica, Nº 43, marzo de 2001.
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