¿Que pasa con los funcionarios de prisiones?

La política gubernamental también tiene consecuencias en la Función Pública. Aquí veremos la desarrollada en el muy concreto ámbito de las Instituciones Penitenciarias españolas y su repercusión en la vida de sus funcionarios.

 
Introducción.

            La sequía informativa del pasado verano nos trajo, entre otras,   asombrosas imágenes televisivas en las que grupos de funcionarios de prisiones bloqueaban con barricadas los accesos a diversos centros penitenciarios, siendo posteriormente disueltos -con auténtico “entusiasmo” en muchos casos- por la Guardia Civil.

            Tales imágenes se enmarcaban en las movilizaciones que sacudieron a este sector funcionarial durante varios meses y que, de forma intencionada, se interpretaban desde los “mass media” como de marcado -y casi exclusivo- carácter salarial.

 

Antecedentes.

            Desde los angustiosos meses en que se prolongó el secuestro por parte de ETA del funcionario José Antonio Ortega Lara (quien con su tremendo sufrimiento ha rendido un extraordinario servicio a la causa del reconocimiento social de los profesionales penitenciarios), era la primera vez en que estos trabajadores alcanzaban un cierto protagonismo informativo que generó, por otra parte y como era de esperar, todo tipo de comentarios.

            ¿Qué motivó realmente semejantes movilizaciones?

            Ciertamente, el colectivo de trabajadores de prisiones (unos 16.000 funcionarios y 1.800 laborales, sin contar con los de la administración catalana) no es uno de los más populares dentro del ya de por sí desacreditado estamento funcionarial. Tampoco su problemática es esencialmente distinta de la del resto de la Función Pública, estando aquejada de las mismas enfermedades y vicios de funcionamiento.

            Despreciados por unos, ignorados por otros y perseguidos por el M.N.L.V. en Vascongadas y Navarra, este colectivo muestra los niveles más elevados de frustración e inconformismo dentro de la Función Pública.

            Prueba de ello fué el apabullante éxito alcanzado, en las últimas  elecciones sindicales, en prácticamente todas las prisiones españolas,  por un sindicato “corporativo”, a juicio de los demás: la Agrupación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (ACAIP en lo sucesivo).

            Según muchos, este sindicato nació “teledirigido” desde la propia Dirección General, con oscuras intenciones, pero resultó díscolo. Y obtuvo tantos votos como sumando el cosechado por todos los demás  (CSIF, UGT, CCOO, USO-USIAP, ELA STV, CIG y UBP).

            Su éxito fue espectacular, salvo -curiosamente- en los servicios centrales de la propia Dirección General, donde la mayoría de votos la obtuvieron UGT y CCOO.

            Su fulminante éxito solo puede tener una explicación: ha sido el catalizador de un malestar generalizado. De hecho, no solo ha obtenido votos entre su electorado natural, sino que los ha recibido de grupos de funcionarios a los que su mensaje no está dirigido (el Cuerpo de Ayudantes –destinatario natural de ese sindicato- es grupo “C” de la Administración y uno, aunque el más numeroso, de todos los diversos Cuerpos penitenciarios).

            ¿Cómo es posible lo anterior?

 

Politización con el PSOE.

            Los distintos Directores Generales socialistas politizaron de forma extrema la gestión de personal y electiva de cargos directivos; lo que constituye una característica común en las diversas Administraciones Públicas.

            Por ello, el éxito electoral del PP generó unas enormes expectativas de cambio que, a los pocos meses, se tradujo únicamente en un “baile” de altos cargos, sin que se produjera promoción de hombres e ideas del PP (salvo en alguna prisión muy concreta). De hecho, gran parte de los puestos de cierto nivel hacia arriba siguen en manos de la minoría ugetista, fundamentalmente.

            Angel Yuste, flamante Director General, nunca ha sido militante del PP y su actuación se ha caracterizado por dos ejes: continuidad en general con la política penitenciaria socialista y absoluta subordinación a la política antiterrorista del Ministro Jaime Mayor Oreja (máximo responsable hoy día de la política penitenciaria).

 

Las macroprisiones.

            Hemos indicado que no se trata de una realidad sectorial absolutamente diferenciada del resto de la llamada Función Pública. Al contrario, los códigos de comportamiento y los retos de servicio y modernización pendientes son comunes a los existentes entre el resto de funcionarios públicos. Pero el medio físico y material determina respuestas y adaptaciones; y si ese medio es “cerrado” (la prisión), todo se vivirá y experimentará de forma más extrema.

            Una prisión no es una realidad completamente aislada del resto de la sociedad. Al contrario, es producto y fiel reflejo -con algunos códigos de comportamiento específicos- de los valores predominantes en la sociedad española.

            El modelo físico prevalente sigue siendo el diseñado por el PSOE: el centro penitenciario “tipo” o “macroprisiones” alejadas de las ciudades.

            Idea de Antonio Asunción, la jugada estaba bien pensada: se cierran dos viejas prisiones, generalmente muy bien situadas en dos ciudades, construyendo a cambio del valor de los solares en los que estaban situadas, una “macro” a caballo entre ambas. No importa que esté situada en un descampado a 40 o 50 kms. de las dos ciudades. Todo parecían ventajas. Pero que pregunten qué opinión merece ello a funcionarios, familiares de presos, abogados, etc; y que se sumen los millones de kilómetros recorridos para trasladarse a tales centros. Y eso sin entrar en la despersonalización padecida por funcionarios y presos en Centros en que los números -en su dimensión humana- también son “macros”.

            Es un modelo que, en definitiva, no favorece el tratamiento resocializador del delincuente (principio inspirador de la reforma penitenciaria acorde con la Constitución actual). Prima la seguridad, si bien no hay que desdeñar, entre otros, los esfuerzos por introducir talleres productivos que ocupen al mayor número posible de internos en trabajo remunerado.

            No olvidemos que esos principios de “tratamiento” y  “resocialización”  son los que han inspirado la selección y formación de los miles de funcionarios que, actualmente, trabajan por toda la geografía española y cuya edad se sitúa mayoritariamente entre 30 y 40 años.

 

Otros problemas.

            A los aspectos antes indicados debemos señalar otro.

            Pongamos un ejemplo. Un joven que con 24 años entre en el Cuerpo de Ayudantes como funcionario de carrera, dentro de 15 o 20 años seguirá donde entró, profesionalmente hablando. A lo sumo habrá subido un par de niveles para seguir desempeñando, básicamente, el mismo trabajo (“chupando patio o galería”). Por otra parte, dada la procedencia geográfica de los funcionarios (predominan de forma notable los naturales de Castilla - León y alguna otra Comunidad como Cantabria y Galicia), el futuro pasa por viajar durante varios años de forma constante y, generalmente, a través de distancias largas.

            Todo ello  dibuja un panorama que, en realidad, tampoco es ajeno al de otros ámbitos de las Administraciones Públicas, pero que condicionado por ese medio cerrado, acentúa la frustración y la desesperanza.

            Con tales factores en juego, no es de extrañar que un sindicato “incorrecto” haya podido azuzar esa problemática real latente que los sindicatos “de clase” –mas preocupados por otras cuestiones- no han sido capaces de canalizar y resolver.

            En cualquier caso, la estrella de ACAIP declinará en breve. Los recientes pactos con la Dirección General y la política que siga en el futuro generarán, inevitablemente, nuevas frustraciones que desmovilizarán al colectivo que lo apoya y que, antes o después, reabsorberán los sindicatos clásicos (en particular, los “de clase”). Habiendo iniciado el camino de la institucionalización y la componenda, no podrán permanecer ajenos a la erosión del desencanto.

 

El OATPP.

            Para ser justos, debemos destacar la existencia de un factor novedoso en el panorama penitenciario español: el Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

            Dirigido por una militante del PP ajena al mundo penitenciario, está sorprendiendo a propios y extraños por el trabajo desarrollado y por su dinamismo, reflejado en documentación y programación constante (en tremendo contraste con las equivalentes de la Dirección General). Incluso los más progresistas de “la casa” están agradablemente sorprendidos por la amplitud de miras de sus gestores y los medios  empleados; copando las competencias de cultura, formación, deporte, asistencia social y trabajo productivo en las prisiones españolas (salvo en Cataluña). Paralelo a lo anterior, su presupuesto también ha aumentado de forma muy importante.

            ACAIP y los movimientos producidos en su entorno han sido la punta del iceberg. Los sindicatos tradicionales, antes o después, asimilarán todo ello, pero ello no es garantía de que el malestar y el desencanto generalizado se resuelvan eficazmente. Un malestar que no se acallará por un millar de duros mensuales más, pues reclama la satisfacción a elementales valores en juego como son la dignidad profesional, el reconocimiento social y un justo sentido del trabajo desempeñado.

 

Arbil, anotaciones de pensamiento y crítica, Nº 29, febrero 2000