Zuera y el modelo penitenciario español.

La macrocárcel de Zuera se inauguró, finalmente, este pasado verano, si bien se habían concluido sus obras 5 años atrás. Pero lo relevante del caso no es tanto ese dato tan chocante, como la cotidiana realidad a la que deben enfrentarse los muchos cientos de personas implicadas en esa “sociedad cerrada”.

 

Una prisión en funcionamiento a los 5 años de terminadas las obras.

                La definitiva apertura de la macrocárcel de Zuera, situada entre Zaragoza y Huesca, tuvo lugar en pleno verano de 2001, poniendo fin a una larga incertidumbre cuya consecuencia más llamativa fue que durante cinco años permaneció cerrada, pese a haberse terminado las obras de edificación y su equipamiento. Esa demora fue efecto de una decisión del anterior presidente del Gobierno de Aragón, el “popular” Santiago Lanzuela, quien asumió como compromiso personal que, ante las presiones de los habitantes de la zona y otros colectivos, mientras él ocupara ese puesto, Zuera no se abriría. Con un importante debate social y unos intereses partidistas que jugaron a fondo múltiples bazas, se estudiaron posibles usos alternativos: centro de formación profesional, residencia de la tercera edad, centro social multifuncional, etc. Tales intentos no pasaron de tímidos amagos, sin llegar a plantear una propuesta consistente.

                La apertura de una macrocárcel no es una novedad: muchas han sido las puestas en funcionamiento en los últimos años, siguiendo un modelo standard, de similares características arquitectónicas, en las que predomina el factor seguridad, siendo común circunstancia su lejanía de las ciudades (¿acaso contaminan?). Esto último responde a un criterio extrapenitenciario. Si cerramos dos viejas prisiones, generalmente bien situadas –urbanísticamente hablando- en otras tantas capitales de provincia, se venden los solares y con las ganancias obtenidas se construye una nueva prisión de grandes dimensiones a caballo entre ambas ciudades. Es el caso de Zuera: a 44 kilómetros de Zaragoza y a otros tantos, casi, de Huesca.

                Inicialmente se ocuparon 5 módulos de hombres y 1 de mujeres con los contingentes de internos procedentes de Torrero y Huesca. El nuevo centro penitenciario aragonés acogió, por otra parte, a internos procedentes de prisiones levantinas, mientras que muchos aragoneses encarcelados en la de Daroca también han solicitado su traslado a Zuera. Aunque con una capacidad inicial de 1.008 internos, no cubierta de momento, su número podría duplicarse en el supuesto de ocupar todas las literas instaladas; aunque, en palabras del Director General, no está contemplado que albergue a más de 1.500. En cualquier caso, ya sea 1.008 o 1.500, se trata de un número que excede en mucho el de los aragoneses encarcelados; por lo que todo indica que Zuera será el destino de numerosos internos magrebíes desarraigados o el de presos y penados conflictivos procedentes de las saturadas prisiones andaluzas y levantinas. Los servicios necesarios han sido cubiertos con los funcionarios que trabajaban en ambos centros, estando previsto que, dentro de unos pocos meses, se incorporen unas decenas más, como consecuencia del concurso de traslados del año 2001 convocado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

Las antiguas prisiones de Torrero y Huesca permanecen, provisionalmente, como Centros de Inserción Social (C.I.S., en lo sucesivo) que atienden a los internos que disfrutan del régimen del tercer grado o de la libertad condicional, en tanto se habiliten los C.I.S. definitivos.

                El criterio determinante del alejamiento de las macroprisiones españolas de las ciudades es puramente especulativo, ya lo hemos afirmado. Ciertamente, el sistema tiene algunas ventajas: la seguridad particularmente, así como tratarse de un modelo muy estudiado y aplicado en múltiples casos, lo que permite una rápida implantación y una mejora técnica constante. Por ello se ha pretendido exportar este modelo a otras latitudes, especialmente América Latina, por lo que toda visita de directivos penitenciarios españoles a otros países tiene ese objetivo concreto: “vender” el centro – tipo y exportar tecnología y organización penitenciarias.

                La apertura ha encontrado las dificultades previstas: traslado masivo de los internos en un par de días, algunas deficiencias técnicas en los sistemas electrónicos, cierta división inicial entre las plantillas procedentes de los centros de Zaragoza y Huesca, primeras movilizaciones de asociaciones críticas con el actual sistema penal - penitenciario…

 

Antonio Asunción y los centros tipo.

                Antonio Asunción, a quien se echa de menos en prisiones no tanto por sus malas maneras, como por su gran capacidad de trabajo, fue el artífice de ese complejo programa que ha dado lugar a la actual realidad material de la mayoría de las prisiones españolas. Con el apoyo del gobierno socialista, lo llevó adelante en contra de todos los colectivos implicados (sindicatos de funcionarios, colegios profesionales, etc.), con los que no contó en ningún momento.

                En la valoración general del “estilo” y “ambiente” de los nuevos centros, se produce una curiosa coincidencia entre los veteranos, ya sean internos o funcionarios: las antiguas “provinciales” eran más humanas, sufriendo, todos ellos, una cierta despersonalización en el desarrollo de las relaciones humanas y profesionales, una vez ubicados en las “macros”.

Con la red de nuevos centros se despeja, por muchos años, el problema de la endémica falta de plazas penitenciarias. No en vano, por mucho que aumente la población interna (y así está sucediendo), estos centros tienen la capacidad de absorberla, con el simple método de ocupar la litera con que cada celda, pensada en principio para una persona, suele estar amueblada.

                Con una inversión de 9.000 millones de pesetas, Zuera reúne las mismas condiciones físicas y arquitectónicas que el resto de los centros tipo: capacidad para 1.008 internos, muro de 6 metros de altura, cinturón de seguridad de 20 metros, complejos sistemas electrónicos de vigilancia y control centralizados desde una llamativa super torre, 14 módulos de 72 celdas cada uno, un módulo con 36 celdas de aislamiento, una enfermería con 64 camas, zonas infantiles en el módulo de mujeres para niños menores de 3 años, talles formativos y ocupacionales, zonas deportivas comunes (gimnasio, pabellón deportivo, dos pistas de squash, campo de fútbol al aire libre, ocho pistas de minifrontón y una piscina), nueve aulas de enseñanza, aula de música, otra de fotografía, una de medios audiovisuales, biblioteca, etc.

 

El Partido Popular y la política penitenciaria.

                Desarrollar este plan fue una decisión personal avalada por el gobierno socialista de turno. Decisión que encontró aplicados seguidores entre los miembros del actual equipo gestor de la Dirección General, encabezado por Angel Yuste, nombrados por un Partido Popular que en este asunto, como en tantos otros, no ha sido capaz de desarrollar una política propia: total continuidad. Otra clave parece explicar la acción penitenciaria “popular”: lo importante es no salir en “las noticias”…

                No importa que sean miles de kilómetros los que tengan que recorrer los funcionarios cada año, lo que les ha llevado a concentrar las jornadas laborales en turnos complejos y de dudosa legalidad (¿no tienen algo que decir los responsables de salud laboral?), al objeto de suprimir trayectos. Ello lleva a “atracones” laborales y las posteriores “desconexiones” de los trabajadores con la realidad cotidiana del centro, lo que dudosamente incide en una mejor calidad del servicio.

Otro de los colectivos afectados directamente es el de los abogados, que encuentran una mayor dificultad física en la comunicación con sus defendidos. Antes les bastaba con recurrir a un autobús urbano, cuando no se trasladaban a pie. Ahora, caso de Zuera, los letrados deben realizar 88 kilómetros (ida y vuelta desde Zaragoza), y de trasladarse desde Calatayud o Borja, por poner otros ejemplos, ya son 300. Pero quiénes más sufren, con esta problemática, son los familiares que quieren mantener las comunicaciones orales de fin de semana y las especiales (conocidas como vis – vis) con sus seres queridos encarcelados.

                Los riesgos de la carretera, la despersonalización propia de las grandes estructuras; nada de ello importó al Sr. Asunción ni a los gestores posteriores. No se consultó a ningún colectivo, no se estudió una programación alternativa. “Ordeno y mando”. Y punto. Ya se sabe: “estamos en una democracia, pero no en una democracia asamblearia”…

                Las líneas maestras de la política penal y penitenciaria del futuro ya están determinadas por la actual realidad física de estos centros. Son muchos años, los que esperan a los funcionarios, cargados de kilómetros y padecimientos. Hasta poder optar a la llamada “segunda actividad” (que permite a algunos colectivos del sector trabajar en áreas de oficinas fuera del contacto con los internos y sin los concentrados horarios actuales), o prestar servicio en organismos no pertenecientes a la propia Dirección General (la famosa cláusula “X 11” ha impedido, hasta la actualidad, que los penitenciarios pudieran trabajar fuera de la misma), pocas expectativas profesionales esperan al grueso de los funcionarios de prisiones españoles.

                Ya lo hemos señalado en algún otro artículo. Cuando un joven funcionario penitenciario inicia con ilusión, y previa formación orientada idílicamente al tratamiento, su profesión, le esperan muchos años de vigilancia, viajes, horarios atípicos, falta de contacto con sus directivos, mínima promoción, ninguna consideración social. Ante ello, esas pequeñas puertas, que antes mencionábamos, deben abrirse, para que algunas expectativas reales de cambio y mejora se alojen en la esperanza de miles de funcionarios desmotivados.

 

La esperanza de los Centros de Inserción Social.

                El sistema ya está casi cerrado, podemos concluir, lo que es determinante, en primer lugar, en el presente y futuro de los internos. No es previsible, en varias décadas, un cambio en la tendencia general del mismo. La única posibilidad de innovación en el sistema penitenciario español radica en potenciar con contenidos diferenciadores netos la clasificación interior con vistas al acceso (trabajo real, apoyo efectivo, programas individuales) a un régimen de tercer grado con garantías. Para ello, la actual red de C.I.S., radicada en su mayor parte en viejas prisiones destinadas a su desaparición, deberá extenderse y dotarse. Sin embargo, parece que son pocas las previsiones presupuestarias y programáticas que, al parecer existen, sin olvidar naturalmente alguna llamativa novedad, que se empieza a implantar, como es el caso de las “pulseras” para control a distancia de algunos colectivos de internos en tercer grado. Esta es una asignatura pendiente que, además, podría abrir expectativas profesionales a los funcionarios interesados en un estilo distinto de trabajo, más centrado en el tratamiento, en un medio ciudadano relativamente normalizado y con ausencia de controles rígidos.

                Se trata de uno de los pocos campos, el del desarrollo definitivo de los C.I.S., en el que el Partido Popular podría marcar una línea propia que le diera una autonomía respecto a la política socialista; una política que se ha verificado como un sólido conjunto de directrices maestras que han predeterminado el presente y futuro sistema penitenciario y del que los “populares” no han logrado despegarse.

 

Arbil, anotaciones de pensamiento y crítica, Nº 53, enero de 2002.