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Crónicas navarras de Fernando José Vaquero Oroquieta

El nacionalismo vasco en marcha por la independencia.

Con la aprobación del denominado “dictamen de autogobierno”, sucesivamente, por el Gobierno de Vitoria y el Parlamento vasco, los días 9 y 12 de julio, se materializa la mayor crisis sufrida por la nación española en las últimas décadas de historia común.

 

El dictamen de autogobierno, del día 12 de julio, del Parlamento vasco.

                Determinados analistas y tertulianos lo temían; algunos políticos, caso de Jaime Mayor Oreja, lo esperaban: finalmente, a lo largo de los días 9 y 12 de julio, se escenificó el primer gran movimiento de la estrategia rupturista diseñada por el conjunto del nacionalismo vasco. El llamado “dictamen de autogobierno” no significa otra cosa, en definitiva, que la reedición del Pacto de Lizarra, sin luz ni taquígrafos y sin la condición previa del cese de la “lucha armada” por ETA; ejecutándose en los ámbitos institucionales controlados por los nacionalistas vascos. Constituye, en cualquier caso, un gravísimo reto planteado contra la común historia de la nación española.

                En unas significativas declaraciones efectuadas por Javier Arzallus, pocos  días antes, a los diarios del Grupo Z, afirmó que al nacionalismo vasco, a su juicio, no le quedaba otra solución que la “guerra política”, siendo necesario pasar a la acción pues “defendiendo siempre se pierden posiciones”. Además, entendía que la existencia de ETA no es un impedimento para el desarrollo de su estrategia. La independencia, en definitiva, sería su gran objetivo, estando contemplada desde 1949 por el PNV. Este es el contexto y el sentido del dictamen para el PNV.

Este reto es un hecho y el PNV ya no puede echarse atrás, bajo pena de que Batasuna retome el liderazgo del nacionalismo. De seguir adelante, cosa que harán de una u otra forma, tendrán enfrente a un Estado español cargado de recursos y al que ya no le resta espacio para negociar. ¿Qué harán los nacionalistas vascos a continuación?: ¿una consulta popular por la autodeterminación? ¿resistirán con alguna fórmula jurídico-administrativa la ilegalización de Batasuna? ¿dotarán estructuras para la asunción unilateral de las competencias pendientes, a su juicio, de transferencia?

 

El artículo 155 de la Constitución española.

“1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades Autónomas”.

Es el concreto contenido del, tantas veces mencionado, artículo 155 de la Constitución española, instrumento legal operativo máximo de la legitimidad del Estado, que proporciona al Gobierno nacional unos recursos nunca empleados y que admiten una graduación, dependiendo de los pasos que adopte inmediatamente el nacionalismo vasco.

Ante este desafío deberá, además, jugar una doble batalla fundamental, tanto exterior como interior: la de la opinión pública, las razones y los sentimientos. Es en este terreno, antaño ámbito de las técnicas de la “agit-prop”, donde los nacionalistas vascos han demostrado una particular habilidad desde hace muchos años, jugando las bazas del victimismo y del general desconocimiento de la “cuestión vasca” (lo que denunciamos en nuestro artículo Los falsos mitos del “conflicto vasco”, número 39 de esta publicación digital, noviembre de 2000).

                La situación es por completo novedosa, salvo que nos remontemos a la IIª República española. No hay paralelismo alguno con la vivida en los años de la “transición española a la democracia”. Entonces existía la expectativa de poder alcanzar un marco jurídico común (la Constitución española del 78) y una vía particular que explorar y agotar (el Estatuto vasco).

                Es un salto al vacío el que se está realizando el PNV y sus socios del tripartito, ahora, empujados por Batasuna, formación de la que -les guste o no- son rehenes. El  PNV queda, en todo caso, en una delicada situación: de fracasar asume, casi en solitario, los mayores riesgos, al ser el partido soporte del actual Gobierno vasco, más habiendo alcanzado el acuerdo con la abstención de Batasuna en el parlamento; una agrupación que no participa en el tripartito y cuyas conexiones con el terrorismo empiezan a ser conocidas en todo el mundo. Y de triunfar, será el responsable del colapso social inicial producto de la fractura humana y moral del país que dice defender.

                Buena parte del dictamen de autogobierno es un fuego de artificio: ni Navarra ni Iparralde (el País Vasco francés) están por la labor. Pero recoge las pretensiones mínimas de Batasuna y ETA: la denominación de Euskal Herria, un nuevo marco jurídico apenas dibujado y el derecho a la autodeterminación; una prueba más del radicalismo emprendido y de la existencia de algún tipo de acuerdo previo. No en vano, Batasuna y ETA no se han movido; por lo que es el PNV el que ha cambiado ostentosamente de táctica (criterio que mantenemos en esta revista desde hace años; véase nuestro artículo El PNV y su estrategia hacia la independencia de Euskal Herria, número 34, junio de 2000).

                Las semanas que restan hasta el término del ultimátum son fundamentales: el Gobierno deberá tomar una decisión firme, intentando anticiparse, además, a los posibles movimientos que desarrollará, en cualquier caso, el conjunto del nacionalismo. Lo que no puede hacer es no reaccionar: la amenaza y el chantaje recogidos en el dictamen de autogobierno  son el mayor desafío sufrido por este Estado de derecho. Y como señalaba lúcidamente Libertad Digital el pasado 9 de julio, “a la democracia española ya no le queda nada por conceder y muy poco por padecer”.

 

El peso de ETA.

La organización terrorista ETA se encuentra, operativamente, en muy mal momento. Podrá golpear, pero ya no tiene la capacidad material de trastornar y condicionar la actual situación. Pero, paradójicamente, en el momento de mayor debilidad orgánica, obtiene mayor respaldo que nunca al núcleo de sus propuestas. Y ello, precisamente, cuando la acción judicial de Baltasar Garzón, y los mecanismos derivados de la Ley de Partidos, amenazaban con ahogar -también- a la expresión política de ETA creando un nuevo escenario. ¿Qué hubiera sucedido de haberse adoptado estas medidas hace 20 años?

El día 24 de julio, coincidiendo con la noticia de la marcha del País Vasco del catedrático universitario Francisco Llera (director del Euskobarómetro), se ha comentado en la prensa diaria el comunicado de ETA publicado en el último número de su portavoz Zutabe. La cabeza del MLNV afirma que el proyecto soberanista del PNV y sus aliados es impreciso, asegurando que hay que romper amarras con España sin pedir permiso y pidiendo, en definitiva, una aceleración y radicalización del proceso. Más allá de algunas afirmaciones retóricas, es evidente que ETA persiste en el papel que más le gusta: tutelar desde la sombra el nuevo proceso. Y piden a los demás nacionalistas que garanticen la presencia de su brazo político, Batasuna, en las instituciones: es el precio que deberá pagar el PNV por la abstención de Batasuna en el Parlamento vasco y que permitió prosperar el dictamen de autogobierno.

El nacionalismo vasco, en el entorno de las instituciones, puede –y lo hará- tensar aun más la situación, buscando concretas fórmulas, aunque sea saliendo “por la tangente” como dice Arzallus, para “avanzar” en la “construcción estatal vasca”. En este contexto, una aplicación del artículo155, que debe modularse al máximo, incluso restringida puede ser nefasta si no se emplean a fondo los recursos de opinión pública en juego, tal como nos lo ha recordado un clarividente Pío Moa.

                El Gobierno del Partido Popular cuenta con los apoyos necesarios: el Parlamento, la Constitución, los recursos legales y materiales de ella derivados, la inmensa mayoría de la opinión pública española; y con el concurso de casi toda la oposición. Es significativa la progresiva toma de posición de un PSOE que, aunque precisa de una línea y un espacio propios en el País vasco y Navarra, viene reafirmándose en una visión de Estado, producto de la conciencia del reto histórico presente. Prueba dramática de ello constituye las dramáticas declaraciones de Ramón Jaúregui al pedir que no se celebren elecciones municipales allí donde, por presión, no se puedan presentar listas del PSOE-PSE y del PP.

                Esta crisis política también está planteada a nivel mediático y jurisdiccional (con el previsible recurso de inconstitucionalidad que presentará el Gobierno español). Y no podemos descartar alguna iniciativa en instancias internacionales, entorno en el que se mueven “como pez en agua”, aunque su asociación a Batasuna les puede perjudicar en extremo.

                Al tomar posesión de su nuevo cargo como Ministro de Administraciones Públicas,  el día 10 de julio, Javier Arenas proclamó la voluntad del Gobierno y su responsabilidad política en el mantenimiento de la Constitución en su integridad, pero sin concretar qué medidas contempla de materializarse las amenazas nacionalistas. Pero éstas no se quedarán en meras declaraciones, por lo que ha llegado el momento de la acción.

 

Arbil, anotaciones de pensamiento y crítica, Nº 59 - 60, julio – agosto de 2002

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