Las bazas del plan Ibarretxe.
Ya lo conocemos, finalmente. Y el calendario de su desarrollo implica dos años más de tensiones y confrontación. De esta forma, el plan Ibarretxe presidirá, por completo, la política nacional, envenenando la convivencia común en un futuro inmediato. Y todo ello a la espera de una firme y clara respuesta desde el Estado de Derecho.
Ya tenemos plan Ibarretxe.
Ya se ha dado a conocer. Y las reacciones no han tardado en producirse. Más allá de matizaciones, en tono y actitud, existe una –casi- general unanimidad en que el plan no tiene posibilidad alguna de prosperar. Las previsiones legales, con su exigencia de mayorías cualificadas y largos trámites, para la reforma de la Constitución, dificultan en grado extremo sus pretensiones. No parece factible, por tanto, que por otro cauce legal o de negociación, pudiera avanzarse en su calendario de ejecución por la política de hechos consumados, saltándose a la Constitución y al Estatuto vasco. De esta forma, sus posibilidades de éxito se reducen casi por completo.
También se ha producido una general coincidencia en el siguiente análisis: el plan Ibarretxe es un proyecto secesionista que busca la independencia a medio plazo y por etapas; si bien sus impulsores lo han negado. Pero, si alguien avala esa pesimista interpretación, ese es Arnaldo Otegui, encantado con la propuesta pues, según afirma, es producto de su programa; es decir, de ETA. Por ello, cuando desde el Partido Popular, en palabras de Jaime Mayor Oreja, se ha afirmado que es una “herencia política de ETA”, aunque ello disguste tremendamente al PNV, a este juicio no le falta ninguna lógica.
Pero, estando así las cosas, se impone un interrogante. Si el plan no tiene posibilidades de éxito, dadas las previsiones del ordenamiento jurídico español, ¿cómo es que el PNV y sus aliados se han lanzado a esta aventura?, ¿acaso su perspectiva nacionalista les ha cegado, hasta tal extremo, de no permitirles ver la realidad?, o ¿se trata de una imposición externa, de ETA por tanto?
En cualquier caso, esa aparente “falta de realismo político” contrasta con la trayectoria del PNV, caracterizada por un agudo pragmatismo; aunque las tensiones internas –presentes en toda su ya larga historia- entre independentistas y autonomistas, hayan oscurecido cíclicamente esa preclara tendencia.
No pensamos que el PNV sea un partido de pretensiones suicidas. Si se ha lanzado a ello, será porque ha calculado el peso de los diversos factores en juego, las posibilidades de éxito y los riesgos existentes. Algún aspecto –creerán- de particular incidencia en la realidad facilitará el desarrollo de su programa.
Las bazas del plan.
Reflexionemos en torno a algunos de esos posibles factores en juego.
La unidad táctica del nacionalismo vasco. Por primera vez, en decenios, el nacionalismo vasco se une, pese a aparentes discrepancias y matices, en un proyecto que, a corto y medio plazo cuanto menos, situaría al País Vasco camino de lo más próximo a un Estado soberano.
El control nacionalista de la vida política, social y cultural del País Vasco. Este control, construido desde hace casi tres décadas, ha neutralizado buena parte de los anticuerpos de la sociedad civil vasca. No obstante, el nuevo movimiento cívico de resistencia vasca ha abierto una brecha en las pretensiones hegemónicas del nacionalismo que, sin duda, provocará nuevas y contundentes reacciones desde el mismo.
La división de los constitucionalistas. La postura de oposición al plan, del Partido Popular, es muy clara. Y también el PSOE se ha manifestado en contra del mismo. Pero la táctica socialista actual que busca, ante todo, diferenciarse de las políticas populares, le ha llevado a una seria incoherencia: rechazo claro del plan, por una parte, pero sin buscar la necesaria unanimidad, con los otros protagonistas políticos, que cierre el paso -de forma contundente- a la desestabilización dimanante del plan.
El cansancio o indiferencia de algunos sectores de la sociedad española. Ya lo hemos comentado en otra ocasiones. Con la pérdida, en la conciencia colectiva, de determinados valores cívicos, entre ellos, el del sentimiento de pertenencia nacional y el de la valoración positiva de la historia española; se ha producido una atonía muy extendida entre sectores sociales españoles. Por otra parte, otros sectores no son indiferentes: simplemente, están hartos. Y seguro que a éstos, los imprevisibles acontecimientos de los próximos dos años, les facilitarán posicionarse en una respuesta instintiva, aunque poco articulada, del tipo de “si se quieren ir, que se vayan, y nos dejen en paz”.
Las tendencias disgregadoras procedentes desde Cataluña y Galicia. Las pretensiones independentistas del BNG, en Galicia, y de ERC, en Cataluña, ya eran conocidas. Pero no dejaban de ser posturas minoritarias en sus propios ámbitos territoriales. Pero, con la propuesta del ambiguo debate federalista impulsado por Maragall desde la tribuna del PSC-PSOE, se ha abierto brecha –innecesariamente- en ese imprescindible consenso entre quiénes consideran que Constitución y Estatutos son vías y cauces adecuados para la definitiva articulación territorial de España. Por otra parte, la radicalización de CiU, en parte espoleada por el crecimiento electoral de ERC, ha acrecentado la sensación de que “el plan Ibarretxe es el principio, pero no el final de la crisis”.
La inexistencia de un consenso, entre los constitucionalistas, en torno a las concretas medidas legales de respuesta al plan. La reciente declaración institucional del Gobierno español, anunciando firmeza y resolución, era necesaria. Pero su invocación a una respuesta de la sociedad civil no debe eludir la responsabilidad de los políticos, quiénes deberán consensuar una batería de medidas legales, como respuesta a las diversas eventualidades derivadas de la puesta en marcha del plan Ibarretxe.
La proximidad de unas elecciones generales que, hipotéticamente, pudieran generar una nueva mayoría que precise de apoyos estables de la minoría parlamentaria del PNV. En este contexto, no puede descartarse una política de negociación y mercadeo que busque, por parte del PNV, la imposición de una versión remozada del plan Ibarretxe.
Una posible nueva “tregua” de ETA. Ello reforzaría el presunto realismo de la propuesta, como histórica vía pacificadora, de particulares resonancias en medios políticos internacionales. Recordemos, no obstante, que tenemos fresca una precisa experencia anterior que desmiente la bondad de tales planteamientos. Pero, de llegar a producirse, no puede descartarse un efecto de “espejismo” en algunos sectores, predispuestos a una “negociación a la baja”, de la sociedad española.
Otros aspectos en juego.
Existen algunos otros factores que, sin duda, dificultarán notablemente las pretensiones soberanistas del PNV y su plan. Así, la resolución política alavesa de rechazo activo del mismo. También, la firme actitud del Gobierno de Navarra. Y, un factor externo: la pérdida de credibilidad, a nivel internacional, de la causa del nacionalismo vasco, causado por la inserción de ETA en las listas internacionales de organizaciones terroristas, y por el aislamiento político del PNV que le ha instalado en la marginación de los grupos minoritarios del espectro del Parlamento Europeo.
Otra circunstancia a tener en cuenta. Dadas las contradicciones internas de Izquierda Unida en tales temas, esta formación ha quedado inhabilitada como posible protagonista activo en la resolución de la crisis, salvo un radical cambio de su rumbo político que afectara, especialmente, a su delegación vasca o socio, Ezker Batua.
La polémica está servida. Las intenciones, de unos y otros, parecen estar, definitivamente, claras y diáfanas. Ahora, esperemos serenos las respuestas políticas concretas al desafío del plan Ibarretxe que, contemplando las anteriores consideraciones, se elaboren desde el Gobierno, el Partido Popular, el PSOE y los agentes sociales y mediáticos españoles.
Arbil, anotaciones de pensamiento y crítica, Nº 74, octubre de 2003
Ya tenemos plan Ibarretxe.
Ya se ha dado a conocer. Y las reacciones no han tardado en producirse. Más allá de matizaciones, en tono y actitud, existe una –casi- general unanimidad en que el plan no tiene posibilidad alguna de prosperar. Las previsiones legales, con su exigencia de mayorías cualificadas y largos trámites, para la reforma de la Constitución, dificultan en grado extremo sus pretensiones. No parece factible, por tanto, que por otro cauce legal o de negociación, pudiera avanzarse en su calendario de ejecución por la política de hechos consumados, saltándose a la Constitución y al Estatuto vasco. De esta forma, sus posibilidades de éxito se reducen casi por completo.
También se ha producido una general coincidencia en el siguiente análisis: el plan Ibarretxe es un proyecto secesionista que busca la independencia a medio plazo y por etapas; si bien sus impulsores lo han negado. Pero, si alguien avala esa pesimista interpretación, ese es Arnaldo Otegui, encantado con la propuesta pues, según afirma, es producto de su programa; es decir, de ETA. Por ello, cuando desde el Partido Popular, en palabras de Jaime Mayor Oreja, se ha afirmado que es una “herencia política de ETA”, aunque ello disguste tremendamente al PNV, a este juicio no le falta ninguna lógica.
Pero, estando así las cosas, se impone un interrogante. Si el plan no tiene posibilidades de éxito, dadas las previsiones del ordenamiento jurídico español, ¿cómo es que el PNV y sus aliados se han lanzado a esta aventura?, ¿acaso su perspectiva nacionalista les ha cegado, hasta tal extremo, de no permitirles ver la realidad?, o ¿se trata de una imposición externa, de ETA por tanto?
En cualquier caso, esa aparente “falta de realismo político” contrasta con la trayectoria del PNV, caracterizada por un agudo pragmatismo; aunque las tensiones internas –presentes en toda su ya larga historia- entre independentistas y autonomistas, hayan oscurecido cíclicamente esa preclara tendencia.
No pensamos que el PNV sea un partido de pretensiones suicidas. Si se ha lanzado a ello, será porque ha calculado el peso de los diversos factores en juego, las posibilidades de éxito y los riesgos existentes. Algún aspecto –creerán- de particular incidencia en la realidad facilitará el desarrollo de su programa.
Las bazas del plan.
Reflexionemos en torno a algunos de esos posibles factores en juego.
La unidad táctica del nacionalismo vasco. Por primera vez, en decenios, el nacionalismo vasco se une, pese a aparentes discrepancias y matices, en un proyecto que, a corto y medio plazo cuanto menos, situaría al País Vasco camino de lo más próximo a un Estado soberano.
El control nacionalista de la vida política, social y cultural del País Vasco. Este control, construido desde hace casi tres décadas, ha neutralizado buena parte de los anticuerpos de la sociedad civil vasca. No obstante, el nuevo movimiento cívico de resistencia vasca ha abierto una brecha en las pretensiones hegemónicas del nacionalismo que, sin duda, provocará nuevas y contundentes reacciones desde el mismo.
La división de los constitucionalistas. La postura de oposición al plan, del Partido Popular, es muy clara. Y también el PSOE se ha manifestado en contra del mismo. Pero la táctica socialista actual que busca, ante todo, diferenciarse de las políticas populares, le ha llevado a una seria incoherencia: rechazo claro del plan, por una parte, pero sin buscar la necesaria unanimidad, con los otros protagonistas políticos, que cierre el paso -de forma contundente- a la desestabilización dimanante del plan.
El cansancio o indiferencia de algunos sectores de la sociedad española. Ya lo hemos comentado en otra ocasiones. Con la pérdida, en la conciencia colectiva, de determinados valores cívicos, entre ellos, el del sentimiento de pertenencia nacional y el de la valoración positiva de la historia española; se ha producido una atonía muy extendida entre sectores sociales españoles. Por otra parte, otros sectores no son indiferentes: simplemente, están hartos. Y seguro que a éstos, los imprevisibles acontecimientos de los próximos dos años, les facilitarán posicionarse en una respuesta instintiva, aunque poco articulada, del tipo de “si se quieren ir, que se vayan, y nos dejen en paz”.
Las tendencias disgregadoras procedentes desde Cataluña y Galicia. Las pretensiones independentistas del BNG, en Galicia, y de ERC, en Cataluña, ya eran conocidas. Pero no dejaban de ser posturas minoritarias en sus propios ámbitos territoriales. Pero, con la propuesta del ambiguo debate federalista impulsado por Maragall desde la tribuna del PSC-PSOE, se ha abierto brecha –innecesariamente- en ese imprescindible consenso entre quiénes consideran que Constitución y Estatutos son vías y cauces adecuados para la definitiva articulación territorial de España. Por otra parte, la radicalización de CiU, en parte espoleada por el crecimiento electoral de ERC, ha acrecentado la sensación de que “el plan Ibarretxe es el principio, pero no el final de la crisis”.
La inexistencia de un consenso, entre los constitucionalistas, en torno a las concretas medidas legales de respuesta al plan. La reciente declaración institucional del Gobierno español, anunciando firmeza y resolución, era necesaria. Pero su invocación a una respuesta de la sociedad civil no debe eludir la responsabilidad de los políticos, quiénes deberán consensuar una batería de medidas legales, como respuesta a las diversas eventualidades derivadas de la puesta en marcha del plan Ibarretxe.
La proximidad de unas elecciones generales que, hipotéticamente, pudieran generar una nueva mayoría que precise de apoyos estables de la minoría parlamentaria del PNV. En este contexto, no puede descartarse una política de negociación y mercadeo que busque, por parte del PNV, la imposición de una versión remozada del plan Ibarretxe.
Una posible nueva “tregua” de ETA. Ello reforzaría el presunto realismo de la propuesta, como histórica vía pacificadora, de particulares resonancias en medios políticos internacionales. Recordemos, no obstante, que tenemos fresca una precisa experencia anterior que desmiente la bondad de tales planteamientos. Pero, de llegar a producirse, no puede descartarse un efecto de “espejismo” en algunos sectores, predispuestos a una “negociación a la baja”, de la sociedad española.
Otros aspectos en juego.
Existen algunos otros factores que, sin duda, dificultarán notablemente las pretensiones soberanistas del PNV y su plan. Así, la resolución política alavesa de rechazo activo del mismo. También, la firme actitud del Gobierno de Navarra. Y, un factor externo: la pérdida de credibilidad, a nivel internacional, de la causa del nacionalismo vasco, causado por la inserción de ETA en las listas internacionales de organizaciones terroristas, y por el aislamiento político del PNV que le ha instalado en la marginación de los grupos minoritarios del espectro del Parlamento Europeo.
Otra circunstancia a tener en cuenta. Dadas las contradicciones internas de Izquierda Unida en tales temas, esta formación ha quedado inhabilitada como posible protagonista activo en la resolución de la crisis, salvo un radical cambio de su rumbo político que afectara, especialmente, a su delegación vasca o socio, Ezker Batua.
La polémica está servida. Las intenciones, de unos y otros, parecen estar, definitivamente, claras y diáfanas. Ahora, esperemos serenos las respuestas políticas concretas al desafío del plan Ibarretxe que, contemplando las anteriores consideraciones, se elaboren desde el Gobierno, el Partido Popular, el PSOE y los agentes sociales y mediáticos españoles.
Arbil, anotaciones de pensamiento y crítica, Nº 74, octubre de 2003
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