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Crónicas navarras de Fernando José Vaquero Oroquieta

El impacto de la inmigración en las prisiones españolas.

     La realidad sociológica de las prisiones españolas viene experimentando una lenta, pero profunda, transformación interna, efecto del impacto de la inmigración entre sus muros. La prisión: termómetro de la sociedad.

 

Un modelo en crisis.

            El modelo penitenciario español, en vigor en la actualidad al amparo del artículo 25.2 de la Constitución, se encuentra en crisis. Prevaleciendo, en teoría, el tratamiento (conjunto de actividades encaminadas a conseguir la reinserción social de los internos) sobre el régimen (actuaciones tendentes al orden, la seguridad y la disciplina); en la práctica cotidiana se prima de forma casi absoluta el factor seguridad, conforme el modelo arquitectónico y funcional diseñado en su día por Antonio Asunción, bajo gobierno socialista. Las modernas macro-prisiones, en las que se alojan la mayor parte de los presos y penados que cumplen condena en España, encarnan este modelo que, en contra de los enunciados legales, impone una estructura física alejada de las ciudades y en la que los aspectos organizativos y materiales relacionados con la seguridad son determinantes de toda su dinámica.

            Paralelamente a la puesta en marcha de este modelo, casi finalizado en su ejecución, se viene produciendo lenta, pero irremediablemente, un cambio generacional entre los allí recluidos: los toxicómanos, generalmente heroinómanos, que predominaban en las prisiones españolas en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, pierden peso numérico y dentro de la jerarquía informal de las poblaciones reclusas. Nuevas formas de criminalidad generan nuevos contingentes de internos; pero es el impacto de la inmigración el que viene a culminar la transformación de la realidad humana de estos centros cerrados: más de un 22% son extranjeros, pertenecientes a casi 60 nacionalidades.

            Otra novedad, que trasciende el ámbito estrictamente penitenciario, se viene dando: ya es “políticamente correcto” hablar de las múltiples consecuencias de la inmigración. Por el contrario, sigue sin serlo vincular inmigración con delincuencia, si bien ello parece responder a cierta realidad puramente estadística que debe matizarse, en cualquier caso, por la concurrencia de una serie de factores penales, sociales y judiciales.

            Así, el diario La Razón, en su editorial del día 16 de octubre, comentaba que el 80 % de los detenidos en la operación policial “Focus”, dirigida contra la delincuencia en Madrid, eran “de origen extranjero”. Indicaba, además, que buena parte de ellos lo habían sido en reyertas, un tipo delictivo en retroceso en la sociedad española “que ahora se incrementa con la llegada de personas procedentes de otras culturas más desafortunadas, acostumbradas a sufrir una violencia inusitada entre nosotros”. Y reivindicaba que “Sólo desde el respeto a la ley, y ello incluye las normas de extranjería, se puede luchar eficazmente contra la delincuencia y adecuar los, por otra parte deseables, procesos inmigratorios para lograr una inmigración real. Lo contrario, optar por una política amable pero exenta de responsabilidad, o ceder ante posiciones demagógicas, es abrir las puertas a la escalada delictiva y a la xenofobia como inevitable respuesta”. Toda una declaración de principios.

            Las prisiones no son una realidad esencialmente distinta de la sociedad que las genera: constituye un indicador de la realidad social, un auténtico termómetro. En definitiva: la globalización y el multiculturalismo han alcanzado a los 77 recintos penitenciarios españoles (66 dependientes del Ministerio del Interior y 11 de la Generalitat catalana).

 

Los números de Rajoy.

            Al entonces Ministro del Interior Mariano Rajoy le correspondió el mérito de plantear esta poliédrica cuestión, al exponer ante los periodistas, a mediados de junio, los datos de ese cambio: los internos extranjeros en 1994 eran 6.420, lo que suponía un 15’85%. En 1995, la cifra descendió, al igual que el total de población reclusa, a 6.219, alcanzando un 16’11%. En el año 2000 ya eran 7.829 extranjeros en prisión, es decir, un 19’59%. El 31 de diciembre de 2001 se llegaba a la cifra de 9.440, un 22’95% del total.

Entre enero y febrero de 2002, la población reclusa creció en 1.228 internos, es decir, un 782% más que en los mismos meses del 2001; siendo extranjeros un 30% de los mismos.

El diario El mundo denunciaba, el día 18 de agosto, que a lo largo de los primeros siete meses del año el número de extranjeros ingresados en prisión había crecido más de un 30% respecto al año anterior. Así, el 24 de mayo de 2002, alcanzaban la cifra de 10.383. Y el 31 de julio, 10.762.

Si sumamos los presos dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y los dependientes de la administración catalana (única comunidad que tiene transferidas las competencias de ejecución penitenciaria), en el mes de septiembre de 2002 resultaba un total de 51.178 reclusos; un récord histórico.

Las previsiones realizadas indican que, a este ritmo, se alcanzará la cifra de 55.000 internos a finales de año, es decir, unos 7.000 más que en diciembre de 2001.

            ¿Quiere decir, todo ello, que los extranjeros delinquen más que los nacionales españoles? Los números son los números y la realidad es tozuda; aunque sea “políticamente incorrecto” insinuarlo. Pero hay que explicar algunas circunstancias. Por ejemplo: el criterio de las fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia se ha endurecido para evitar la reincidencia y que se eluda la acción de la justicia, de modo que se pide prisión preventiva para aquellos presuntos delincuentes que no acreditan un domicilio fijo, lo que afecta especialmente a algunos colectivos de extranjeros. Por otra parte, algunos delitos están especialmente perseguidos: caso de los delitos contra la salud pública, un tipo en el que incurren particularmente algunos colectivos de extranjeros. Así, entre los procedentes del Magreb, se da una especial incidencia del tráfico de drogas, hachís en concreto. Y entre los hispanoamericanos, el tráfico de cocaína. Igualmente, viene aumentando el número de presos procedentes de Europa oriental: Rumanía, Albania, Kosovo, Rusia, Bulgaria…

            La presencia extranjera entre la delincuencia organizada en España es importante. Así, el diario La Razón le dedicó un completo informe el pasado 17 de agosto, partiendo del dato de que la Policía española desarticuló en 2001 un total de 201 redes, deteniendo a 624 de sus miembros. Y en lo que se llevaba de año, los números se habían elevado a 385 redes y 1.100 integrantes, siendo el de las mujeres un número inferior al 20%. Se trata de bandas muy estructuradas, con reparto específico de tareas, muy jerarquizadas, con férreos controles internos e integrados por individuos de varias nacionalidades en número que oscila en torno a 30. Actúan a nivel legal, alegal e ilegal; es decir, “maquillan” sus actividades buscando apariencia de legalidad. Aunque algunas son bandas “especializadas”, la mayoría tienden a practicar varias modalidades delictivas. La mayoría están vinculadas al tráfico de drogas; otras bandas inciden en otros tipos: europeos orientales en robo de vehículos de lujo, albano-kosovares en robo a empresas, holandeses y alemanes en tráfico de drogas sintéticas... El doloroso asesinato de un inspector de Homicidios, Salvador Lorente, a manos de un colombiano, evidenció la peligrosidad de estas bandas. Y esta realidad se traslada al interior de las prisiones una vez son desarticulada por la Policía.

            El mayor contingente de presos extranjeros tiene nacionalidad marroquí (en torno a 3.500), siendo colombianos y argelinos los dos grupos nacionales que le siguen.

Vemos, pues, que algo más del 22% de los presos son extranjeros, mientras que sólo suponen el 3% del total de la población española. O visto de otra manera: está en prisión el 0’9% de los inmigrantes residentes en España. De ahí que, en algunos medios, se haya asociado inmigración con delincuencia, lo que, en todo caso, debe matizarse considerando factores como los mencionados en párrafos anteriores.

Ante semejante aumento de población, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias tiene previsto inaugurar 4 prisiones en un plazo de 18 meses: dos en Andalucía, una en Madrid y otra en Levante. En caso contrario, en 2005 se colapsarían los centros penitenciarios. Estas medidas exigen una dotación de 1.752 nuevos funcionarios. El tipo de centro será el de los 15 últimos inaugurados, es decir, la macro-cárcel modelo del llamado “Plan  de amortización y creación de centros penitenciarios”, puesto en marcha por el PSOE en 1992 y finalizado por el PP. Sólo quedarían pendientes de construcción 3 centros del total de previstos en el citado plan: 1 en Navarra, 1 en Canarias y 1 en el País vasco; comunidades que no han facilitado su construcción por motivos distintos.

El Gobierno también está pensando en otra medida: la modificación de la Ley de Extranjería, en conjunción con la Ley de enjuiciamiento Criminal y el Código Penal, para que los jueces puedan expulsar a los inmigrantes irregulares autores de delitos menores condenados a menos de 5 años de prisión, lo que pretende reducir el número de extranjeros encarcelados.

Por el contrario, otras medidas del Plan del Gobierno contra la delincuencia, anticipadas a mediados de septiembre, endurecen las penas y el modo de cumplirlas, lo que supondrá un aumento adicional de presos: no se podrá conceder el tercer grado hasta el cumplimiento de la mitad de la misma si la pena es superior a cinco años, se amplían los supuestos de aplicación de la prisión preventiva, se transformarán algunas faltas penales en delitos de concurrir determinadas circunstancias, se determinarán nuevos tipos delictivos, se celebrarán juicios rápidos, etc. Ese es el criterio de ilustres penalistas consultados al valorar las reformas anunciadas, según informaba El País el pasado 16 de septiembre.

En estas circunstancias, algunos de los sindicatos operativos en prisiones, especialmente ACAIP y CSI-CSIF, han denunciado concretos aspectos de la realidad penitenciaria a lo largo de los últimos meses: el aumento de la masificación carcelaria, el número de muertes y suicidios acaecido entre sus muros, las agresiones físicas a funcionarios, la permeabilidad de las prisiones ante la droga…

 

La presencia de los extranjeros en las prisiones españolas.

Esta nueva realidad sociológica está suponiendo una adaptación a la carrera de las instituciones penitenciarias españolas: elaboración de los menús, horarios especiales para el Ramadán de los musulmanes, búsqueda de la máxima ocupación del tiempo de los internos a través de talleres, deporte y escuela como mejor medicina preventiva para evitar incidentes...

            La existencia de mafias que controlan vías de acceso ilegal de extranjeros a España es una fuente de delitos: en sí misma y por la desesperación en que pueden sumir a inmigrantes endeudados sin medios lícitos para ganarse la vida. Existen otros factores de la atracción de grupos delictivos organizados: la tolerancia española, el bienestar económico europeo y la ausencia de una legislación estricta. Todo ello facilita que España sea base de operaciones de grupos ilícitos, mafias organizadas de todo tipo: desde traficantes de seres humanos y drogas, atracadores profesionales, desvalijadores de pisos y polígonos industriales, explotación de niños para mendicidad, etc.

            Progresivamente, diversos miembros de esos grupos acceden a las prisiones españolas. Y lo hacen con una mentalidad distinta y un temperamento característico; pero inéditos para los profesionales penitenciarios. En la mayoría de los casos lo hacen, además, con una mínima capacidad económica y, por el contrario, en unos pocos, con una capacidad casi infinita…

            Muchos de los puestos de trabajo desempeñados por los internos de cierta confianza ya son ocupados por estos nuevos reclusos: educados, trabajadores, correctos en el trato… pero opacos a la perspicacia de muchos funcionarios, forjados en el típico recluso español. Durante años, sobre todo entre los profesionales veteranos, apenas había secretos: cualquier movimiento entre los internos, las diversas reacciones individuales o estados de ánimo, se interpretaban con seguridad, gracias a la experiencia acumulada mediante el simple ejercicio de la observación.

            Ahora las cosas están cambiando. El modelo de seguridad predominante sigue siendo decisivo: el sistema de módulos facilita enormemente el control formal sobre los internos. Pero, por el contrario, el trato directo con los internos, en general, ha disminuido. Por otra parte ¿y la reinserción futura de estos inmigrantes? Les espera la expulsión, en la mayoría de los supuestos, pero las autoridades españolas todavía tienen poca práctica y, además, en muchos casos no la pueden ejecutar por falta de documentación o escrúpulos al considerar que su destino pudiera ser un país donde no se respetan los derechos humanos.

Tampoco se trata de una situación homogénea. Mientras que en algunas prisiones la presencia de internos extranjeros apenas incide en la realidad cotidiana, en otras, caso de la salmantina de Topas, de sus 1.500 internos, unos 900 son extranjeros de hasta 54 nacionalidades.

 

¿Multiculturalismo o adaptación?

            Un esfuerzo suplementario tendrán que realizar los profesionales penitenciarios para entender y controlar esta nueva realidad humana, consecuencia de la concurrencia de diversas culturas: musulmanes, subsaharianos, europeos orientales, hispanoamericanos, etc. Y cada grupo se hace presente con sus propios códigos de comportamiento, su jerarquía, sus relaciones internas y su escala de valores. Con un grado de adaptación, también variable, a la estructura formal de las prisiones, ya se está solapando un conjunto diverso de estructuras informales regidos por distintas normas de raíces culturales muy alejadas.

            Las prisiones constituyen un termómetro de la sociedad que las generan: ahora más que nunca. Los riesgos que acarrea la existencia de “ghettos” regidos por normas extrañas a los países de acogida e impermeables a parte de su legalidad, producto de un amorfo multiculturalismo, se empiezan a observar en las prisiones españolas. De ser, tradicionalmente, una realidad postergada en la sociedad española, las prisiones pueden constituirse en un privilegiado laboratorio social.

 

Arbil, anotaciones de pensamiento y crítica, Nº 62, octubre de 2002

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